El Estado de la tributación en Latinoamérica: la evasión y elusión fiscal como grandes obstáculos para el desarrollo y los derechos humanos

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Olivia Minatta es abogada argentina, estudiante en la escuela de derecho de Columbia y actualmente se encuentra haciendo una pasantía en el CESR

April 22, 2019

Por Olivia Minatta y Sergio Chaparro

¿Como están gastando los Estados de la región?, ¿De donde obtienen sus recursos?, ¿La política fiscal está cerrando las brechas de desigualdad?, ¿Son realmente los recortes fiscales la única alternativa que le queda a algunos Estados? 

Estas fueron algunas de las preguntas en torno a las cuales se desarrolló, a fines de marzo en Chile, el Seminario de CEPAL sobre Política Fiscal y que resultan importantes para evaluar el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Seminario reunió a un conjunto de Ministerios de Hacienda, instituciones multilaterales y expertos en el tema a fin de discutir la situación fiscal de los países de la región y analizar las reformas que deberían implementarse en la lucha contra la desigualdad. 

La tributación y la política fiscal son fundamentales para la realización de los derechos humanos, puesto que de allí provienen los recursos necesarios para implementar derechos sociales básicos (como educación, vivienda o salud) y al mismo tiempo, resultan vitales para disminuir las brechas de desigualdad. Los Estados tienen la obligación legal de movilizar hasta el máximo los recursos disponibles a fin de satisfacer derechos de manera progresiva y reducir las inequidades existentes entre los sectores ricos y los más desventajados. 

Tal y como surge de algunos de los datos revelados en el Panorama Fiscal de América Latina y El Caribe 2019 de CEPAL, la movilización de recursos de forma equitativa para la garantía de derechos y el financiamiento del desarrollo sostenible sigue siendo una tarea pendiente para los Estados de la región:

·     Mientras que la OCDE recauda en promedio un 8,2% del PIB a través del impuesto de renta personal (el más redistributivo de los impuestos), los países de la región recaudan apenas un 1,6 % del PIB. Esta brecha equivale a dos veces el gasto en salud de la región. 

·     La CEPAL estima que los beneficios tributarios (que benefician sobre todo al sector corporativo en países como Chile, Costa Rica y Uruguay) resultan en una pérdida de alrededor del 3,7% del PIB en los países de la región. En algunos países, como en Republica Dominicana y Uruguay, los gastos tributarios superan el 6% del PIB. 

·     Los montos perdidos por evasión y elusión fiscal alcanzaron un 6,3% del PIB en 2017,una cifra equivalente a 335.000 millones de dólares. Algunos paises recaudan menos de la mitad de lo que deberían en impuesto a la renta.  Esta cifra sobrepasa la estimada por CEPAL como necesaria para superar los atrasos en urbanización y acceso a la vivienda en la región –5,2% del PIB–. No obstante, para 2016, solo un 0.7% del PIB regional fue destinado a edificación de viviendas, desarrollo comunitario, abastecimiento de agua y alumbrado público.  

·      El combate los flujos financieros ilícitos podría generar recursos del orden del 1,5% del PIB regional para 2016, aproximadamente el triple de lo que Latinoamérica destina en inversión publica a sistemas no contributivos de pensiones, lo que explica que solo el 29,4% de la población esté protegida por el sistema previsional. 

La suma de estos recursos representaría una contribución significativa para el cumplimiento de la Agenda 2030. El Foro de los Países de América Latina para el Desarrollo Sostenible que se llevará a cabo en Santiago a finales de abril debería ser una oportunidad para que los Estados discutan y adopten medidas específicas para aprovechar estas fuentes potenciales de recursos. También para construir una posición unificada de cara a procesos como el que adelanta la OCDE para identificar las reformas a la tributación corporativa que permitan frenar la carrera a la baja en los impuestos a las multinacionales y el traslado artificial de beneficios a jurisdicciones de baja tributación.  Tan solo esta última práctica implica pérdidas de recaudo del 1.3% del PIB para los países que no hacen parte de la OCDE, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. 

 

Diferencias ideológicas, pero consensos importantes y obligaciones compartidas

El Seminario de Política Fiscal puso en evidencia la persistencia de importantes diferencias entre los gobiernos frente al rol del Estado en la economía, y sobre el alcance de la política fiscal en particular. Mientras que algunos consideran que el Estado debe limitarse a regular al sector privado, otros enfatizaron que el Estado puede y debe cumplir un papel fundamental en la provisión de ciertos bienes y servicios. Sin perjuicio de ello, es importante remarcar que todos los Estados tienen las mismas obligaciones de avanzar derechos de manera efectiva, y la implementación de políticas fiscales debe estar en línea con ese objetivo. 

En su reporte “Pobreza y Derechos Humanos” de 2017, la Comisión Interamericana expresó que “la pobreza y la pobreza extrema no pueden ser enfrentadas y erradicadas sin un marco amplio de políticas de carácter redistributivo que reduzcan los niveles extremos de desigualdad socioeconómica que caracterizan la región”. La comisión exhortó a los Estados a incrementar los bajos niveles de recaudación pública, revisar los tributos que resulten regresivos e implementar una mejor redistribución del gasto público. 

En linea con el reporte de la Comisión Interamericana, el Seminario tambien dejó en evidencia que existe un fuerte consenso entre los paises de la region con relacion a las medidas que deberian ser adoptadas de manera inmediata para aumentar la capacidad fiscal de los Estados. Entre las medidas discutidas, se encuentran: 

·     La revisión de los privilegios tributarios a las corporaciones, a fin de determinar si los mismos resultan ineficientes o si son otorgados sin considerar todos los costos y beneficios involucrados

·     Fortalecer medidas contra la evasión y la elusión a través de alianzas regionales y respuestas multilaterales efectivas. 

·     La implementación de instrumentos que faciliten el tránsito hacia un modelo de desarrollo sostenible, tales como los impuestos verdes que se basen en el principio de que “quien contamina paga” y que incentivan a las compañías a considerar más seriamente los efectos dañinos de su actividad. También, el uso de herramientas tributarias para desestimular el consumo de bebidas azucaradas o la especulación inmobiliaria. 

·      El fortalecimiento de la capacidad redistributiva de la tributación, lo cual implica tomarse en serio el debate sobre los impuestos a la riqueza y a la renta personal. 

·     La necesidad de proteger el gasto social ante las variaciones del ciclo económico

·     Trabajar hacia mayores niveles de transparencia, la participación y rendición de cuentas para mejorar la calidad del gasto.

Estos desafíos son aun más urgentes frente al incremento en la pobreza extrema que está enfrentando la región en los últimos años y que obliga a los Estados a adoptar medidas de forma inmediata para garantizar los derechos fundamentales de la población y fortalecer los sistemas de protección social, particularmente de las poblaciones que pueden ser más afectadas en este contexto. La implementación de políticas fiscales redistributivas es un paso indispensable para apalancar estas medidas. CESR y sus aliados en la región continuarán trabajando por este propósito, lo que incluye la iniciativa sobre Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal en América Latina.

Foto cortesía de Juan Pablo Jiménez, Twitter

 
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